sábado, 5 de mayo de 2012

Basta de ataques a defensores del medio ambiente



El  Proyecto Amigo se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.       Lamentamos el ataque a martillazos del que ha sido víctima el comunero Alberto Fernández Villanueva por haber  advertido  la presencia de minería en una zona que debe ser considerada área protegida. Nos solidarizamos con el Sr. Fernández e invocamos apoyo para su recuperación y  amparo de su familia.

2.       Rechazamos  rotundamente las intimidaciones  que se vienen dando tanto a los ciudadanos y ciudadanas  que denuncian la minería infractora en todos sus niveles, grande, mediana y pequeña; así como rechazamos que  los mineros artesanales sean amedrentados por querer acceder a información y entrar en un proceso de formalización con autonomía.

3.       Pedimos la debida investigación e  inmediata intervención a las autoridades correspondientes respecto a la empresa minera mencionada por el agredido,  la compañía minera Carmen Perú S.A.C.

4.       Afirmamos nuestro rechazo a quienes promueven la minería ilegal y obstaculizan su formalización, y al mismo tiempo señalamos nuestro apoyo a los mineros  artesanales de Sánchez Carrión que intentan entrar al proceso de formalización y comprometerse con cuidar el medioambiente, entre otros deberes. Muchos de ellos no cuentan con  información y asesoría para seguir el procedimiento adecuado y son estafados por quienes lucran con mantenerlos en dicha  situación, como es  el  inducirlos a firmar contratos sin el proceso justo y legal establecido.

5.       Por último, exigimos al gobierno  en todas sus instancias, que cumpla con su rol garante de los derechos de las personas;  que respete los mecanismos de diálogo, participación y consulta, en  el proceso de ordenamiento minero, el cual debe darse desde el marco de un plan de desarrollo local, basado en un enfoque de derechos humanos y  un ordenamiento territorial, con política de concesiones y  gestión medioambiental pertinentes.

Huamachuco, La Libertad 05 de Mayo del 2012












jueves, 22 de marzo de 2012

MINEROS INFORMALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD LLEGAN A UN ACUERDO CON EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE ENERGIA Y MINAS

Después de dos días  de diálogo y negociación,  el 20 de Marzo la Federación regional de  mineros artesanales de la Libertad (FERMARLIB) acordó constituir un grupo de acción para tratar  la implementación del plan de formalización de la minería a pequeña escala y  las  precisiones de las normas de  interdicción, todo ello dentro de un plan integral de desarrollo sostenible de la región.

 Las conversaciones se llevaron a cabo en la ciudad de Lima con el  Viceministro de Gestión Ambiental,  del Medio ambiente,  el  Presidente Regional y  15 dirigentes mineros de 5 provincias de La Libertad: Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, y Gran Chimú.

La FERMARLIB propuso modificar algunos requisitos para la formalización y que se reconozca que han iniciado un proceso para formalizarse. Se planteó  un plan de ordenamiento territorial, que indicara dónde podría ser posible o no la actividad extractiva; que el gobierno regional  cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus competencias. En  casos como la adquisición de tecnología adecuada, o la elaboración de un PAMA, se propuso una cofinanciación y la apertura de un banco minero. Para el caso de Pataz se planteó la instalación de una planta de beneficio a ser administrada bajo la modalidad de cooperativa.

 La FERMARLIB hizo conocer algunas iniciativas de sus colaboradores como impulsar el ordenamiento territorial en la provincia de Sánchez Carrión  y que La Libertad cuente con  oficinas descentralizadas de APOGORE y OEFA. Al congreso se ha solicitado que la región cuente con un presupuesto extraordinario para implementar el plan de formalización, así como  la apertura de una subcomisión nacional  de trabajo sobre minería informal.

 Los  mineros distinguieron  su situación respecto de los que son ilegales y se relacionan con el narcotráfico y otras actividades criminales. Afirmaron que no  los favorecerán.

 Como acuerdos finales se lograron   los siguientes puntos:

-La constitución de un  Grupo de Acción conformado por el MEM, MINAM, gobierno regional y la FERMARLIB. Los  puntos de agenda iniciales son: 1) Saneamiento de concesiones, 2) Adecuación de instrumentos de gestión ambiental, 3) Que el GORE   cuente con recursos, 4) Agilizar los trámites a través de una ventanilla única.

-La norma de interdicción  será aplicable sólo a  los considerados mineros ilegales.

-Se suspende la huelga  cuya concentración estaba ubicada Otuzco.

Al Acta se adjunta la propuesta de La FERMARLIB a ser considerado en los dispositivos legales complementarios que emitirá el Gobierno Central.


lunes, 5 de marzo de 2012

HUAMACHUCO ALZA LA VOZ CONTRA MINERA MAFIOSA



Más de mil comuneros entre hombres,  mujeres  y líderes representativos de las comunidades de Coygobamba, Shiracmaca y El Toro, se movilizaron esta mañana en una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad de Huamachuco contra la Empresa Minera Corporación del Centro S.A.C., antes Santa Marina, empresa ligada a la familia Sánchez Paredes.
Con pancartas en mano y arengas a viva voz, como “agua Sí minería No”, protestaron contra esta mediana minería, ubicada en el Cerro el Toro y zonas aledañas, y  que desde hace un  tiempo viene perpetrando una serie de abusos y atropellos sobre  los pobladores de las tres comunidades mencionadas, además de  incumplir de manera flagrante las normas mineras y ambientales que hacen daño a la salud y la vida de los pobladores.

Dentro del  pliego de reclamos destacan tres aspectos que son:
- Paralizar las actividades de la Empresa Minera Corporación del Centro SA.C. pues viene contaminando las aguas de caseríos ubicados cerca a un afluente importante que provee agua a Huamachuco, capital de la Provincia de Sánchez Carrión.
- La realización de la Consulta Previa a las comunidades unidas con la finalidad de evaluar la continuidad de las actividades mineras que viene ejecutando dicha empresa.
- El respeto de los Derechos Humanos hacia los pobladores de las comunidades unidas.

Este pliego fue entregado a  la Fiscalía Provincial Mixta, en que solicitan y exigen a las autoridades competentes que inicien las acciones administrativas y judiciales que correspondan a fin de paralizar el daño ambiental que viene realizando la empresa minera en las aguas de la zona. Finalmente después de dos horas de movilización, se dirigieron hasta la municipalidad provincial para dejar el mismo documento y reunirse con la autoridad edil.

lunes, 13 de febrero de 2012

CONGA: EL AGUA ¿INTERÉS MINERO O DE TODOS LOS PERUANOS?

                                                                                                                                 Por: Juan Aste Daffós



El agua limpia para consumo humano o para la agricultura para la alimentación en el Perú se hace cada vez más inaccesible, porque frente al aumento de la demanda por el incremento de la población y la disminución del volumen de las fuentes de agua por la deforestación y el calentamiento global, existe una mayor contaminación de efluentes industriales, mineros y de hidrocarburos que están afectando irreversiblemente los ecosistemas de páramos, lagunas, ríos, y bofedales que son colchones y filtros naturales de agua.

Asimismo, el poder de las empresas, tanto industriales como mineras, de hidrocarburos, y de energía, hace que el Estado Peruano les otorgue licencias con primera prioridad en el uso del agua frente a terceros, aún cuando las comunidades se vean afectadas en el uso ancestral de sus sistemas hídricos y las poblaciones locales sean limitadas a utilizar agua pocas horas al día.

En consecuencia, hay una disminución del volumen de acceso al agua limpia a la población urbana y rural, y adicionalmente, al requerir un mayor costo para su tratamiento por estar contaminada, este se transfiere al precio del agua, por lo que esta se encarece, y adicionalmente, el promedio de pérdidas y derroche del agua es del 40% en América Latina y el Perú. Esto último ocurre porque no se implementa una política pública descentralizada de recursos hídricos basada en la gestión social y concertada de las cuencas sino en el interés privado e individual contraviniendo la visión del manejo del agua como un derecho humano colectivo. En otras palabras, el agua limpia en el Perú no abunda, es escasa y tiende a encarecerse porque prima el interés privado sobre el interés colectivo.

DATO: La situación del agua es complicada tanto para la población de la cuenca del pacífico, que comprende la parte occidental de la sierra y la costa, donde se cuenta solo con el 1.8% del volumen total de las fuentes de agua en el Perú para atender las demandas del 70% de la población del país, como para el 26% de la población que se encuentra en la parte oriental de la sierra y la amazonia sobre la cuenca del atlántico que contando con el 97% del agua, tiene cada vez mayores niveles de contaminación que están reduciendo e incluso eliminando el agua limpia de los ríos y lagunas, afectando la biodiversidad y la salud de las poblaciones locales.

¿La privatización del agua con la construcción de la infraestructura hidráulica (canales, tuberías, reservorios y acueductos) va a resolver el problema del acceso al agua limpia a las grandes mayorías o se va a convertir en un negocio monopólico de grandes empresas que ven al agua como el “oro azul”?

Cuando hay fuerzas que se oponen a la realización de proyectos de agua por parte de gobiernos regionales o locales ¿no será que hay intereses económicos como los de la minería para que en las cabeceras de cuenca se exploten recursos mineros y se destruyan los ecosistemas de lagunas, los acuíferos por donde se filtran el agua subterránea para salir como manantiales o puquiales en zonas donde le dan vida a especies de flora y fauna que sirven a las poblaciones aguas abajo de las cuencas? De no llegar el agua a estos lugares, los pastos y otras especies de flora se secarían y se generaría desertificación afectando la biodiversidad y a las poblaciones locales.

La construcción de represas y reservorios tiene sentido construirlos cuando no afectan y menos sustituyen los ecosistemas de las lagunas, ríos y los acuíferos, para llevar adelante obras de riego, generación de energía eléctrica y acceso a agua potable y desague. Pero cuando se construyen como “compensación” por la destrucción de estos ecosistemas, y afectan la biodiversidad y la vida de las personas tanto en la parte alta de la cuenca como cientos de kilómetros aguas abajo de la misma, para extraer oro u otros metales en tajos abiertos que son sumideros de aguas ácidas que van hacia los acuíferos o se depositan relaves y desmontes en grandes áreas que el sol y el viento convierten en polvo metálico tóxico, que conjuntamente con los camiones que laboran en la mina, es dispersado en el aire y luego en el pasto y las personas, resultan en proyectos inaceptables ambiental y socialmente para el país.

El proyecto Conga destruirá los ecosistemas no solo de 4 lagunas sino que afectará al conjunto de ellas en la zona porque están interconectadas para abastecer a las correspondientes cuencas y al explotar el tajo abierto y romperse las rocas generará aguas ácidas en función del contenido de sulfuros bajo el suelo. No es que la minería use el 2% del agua sino que destruye las lagunas y sus ecosistemas y contamina aguas superficiales y subterráneas a lo largo de las 5 cuencas involucradas.

Si la gestión de recursos hídricos es estratégica en la protección del agua, la biodiversidad y la vida de las personas, y el Ministerio del ambiente debe ser el ente rector, ¿por qué se quiere privatizar el agua mediante la entrega de derechos de concesión a empresas transnacionales? ¿Es un problema ideológico o un conflicto de intereses entre quiénes están por un “país minero” para beneficio principal de 5 empresas transnacionales que se llevan las tres cuartas partes de las utilidades netas obtenidas de la explotación minera en el Perú o que la economía se diversifique hacia un desarrollo sostenible basado en el uso apropiado del agua y la biodiversidad en beneficio de todos los peruanos.

Nota: El editorial de El Comercio del domingo 12 de enero del 2012 tiene una visión cuantitativa y económica del problema del agua en el Perú que termina beneficiando a los empresarios mineros, por lo que no toma en cuenta los aspectos ambiental y social que están a la base del interés colectivo y del desarrollo sostenible del Perú, es decir, del futuro de su población. También yerra cuando afirma que los recursos del canon minero de Cajamarca (1,230 millones de nuevos soles en 5 años) fueron devueltos al no ser gastados, porque los recursos del canon minero les pertenecen a los gobiernos regionales o locales y si no se gastan se consideran saldo para ser ejecutado el siguiente año. Los recursos ordinarios si se pierden si no se gastan en un año.



Sánchez Carrión presente en audiencia pública con congresistas de La Libertad


 Hace pocas semanas, gracias a la Embajada Británica y la Asociación Civil Transparencia, en alianza con IDEA Internacional organizaron la audiencia pública denominadas “Los Congresistas escuchan” en la región La Libertad, donde participaron representantes de la sociedad civil y autoridades regionales.

Durante las audiencias públicas se discutieron problemáticas en torno a la seguridad ciudadana, y tema del agua.

Los parlamentarios que participaron fueron Richard Frank Acuña Núñez, Roberto Edmundo Angulo Álvarez y Elías Rodríguez, del resto de congresistas estuvieron presentes sus asesores.

La provincia de Sánchez Carrión se hizo sentir con una significativa delegación conformada por el Sr. Víctor Espinoza, Any Casanova, Orlando Delgado, del Frente de Defensa de Sánchez Carrión; el sr. Basilio Paredes, de las Rondas urbanas, los señores Confesor Bermúdez y Elías Pizan, de las Rondas campesinas, y la Sra. Nury García, del Grupo impulsor para el Ordenamiento Territorial y asesora del Proyecto Amigo.



Los pedidos que se plantearon fueron: la moratoria de las concesiones mineras hasta que la región tenga un plan de ordenamiento territorial, de manera especial en Sánchez Carrión, cuyo 74% del territorio está concesionado ; fiscalizar a las instituciones estatales respecto a su accionar sobre la minería informal y artesanal, sobre todo el caso del Cerro el Toro en Huamachuco; que los congresistas soliciten información a los organismos nacionales , regionales y locales respecto a: ¿Por qué no se cuenta con un sistema de gestión y fiscalización ambiental?; solicitar información sobre la existencia o no de procesos de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento minero, en que se constituyan comités de monitoreos ambientales autónomos de la tutoría de las empresas extractivas.

Mientras no se cuente con un sistema de gestión y fiscalización ambiental, se ha solicitado a los congresistas que en el caso de la minería ilegal en el Cerro el Toro, se investigue sobre la presunta relación de algunos empresarios de mediana minería con actividades ligadas al narcotráfico; que se realice un estudio del agua pues hay indicios de que se está consumiendo agua con iones metálicos; que se realice un estudio epidemiológico a los niños, adolescentes y adultos que trabajan así como de la infancia y adolescencia que acude a los centros educativos de los caseríos aledaños y en la falda del cerro; que se investigue sobre las muertes por accidente laboral minero y los entierros clandestinos. Con gran énfasis se pidió que sea abordada de manera integral y multisectorial el problema de la minería ilegal, y entre ello la situación de niños y adolescentes que trabajan en situación de alto riesgo para su salud y la vida.
Finalmente se invitó a los congresistas a participar en el evento “Construyendo concesos para el ordenamiento de la minería en Sánchez Carrión” a realizarse en Huamachuco. Los congresistas y asesores presentes, manifestaron asumir con interés los pedidos hechos así como disponibilidad de integrar dichas problemáticas en sus planes de trabajo en el presente año.

Al cierre de esta noticia, se ha sacado cita con algunos congresistas para presentarles los pedidos de manera más elaborada y, en el caso de la minería ilegal, ver posibilidades de que se abra una sub mesa de trabajo dentro de una comisión congresal.







lunes, 6 de febrero de 2012

Alistan casi 20 leyes contra minería ilegal

Diversos ministerios iniciaron la elaboración de los decretos legislativos que servirán para la erradicación de la minería ilegal. El plan fue presentado la semana pasada al presidente Ollanta Humala y al premier Óscar Valdés, pues el Ejecutivo tiene plazo hasta finales de abril para la publicación de las normas en el marco de las facultades legislativas que otorgó el Congreso en diciembre del año pasado.



El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar cerca de veinte dispositivos para eliminar esta actividad que genera US$1,000 millones al año pero que no paga impuestos, regalías ni canon minero.
Una norma se encargará de regular el ordenamiento territorial del país, mediante el cual se determinarán las zonas de exclusión minera, así como el uso y ocupación del territorio para la minería en general.

Se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la extracción ilegal de minerales, en regiones como Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Áncash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

Asimismo, el Gobierno tendrá nuevas facultades para incautar, administrar y destruir objetos ilegales que se usan para la minería informal, como las dragas. Todo ello dentro de  una reforma del sistema nacional de gestión ambiental. Por su parte, el Ministerio de Trabajo tiene como labor el desarrollo de alternativas laborales a la minería ilegal. En el marco de esta reconversión, la Presidencia del Consejo de Ministros implementará mecanismos de diálogo con la población vinculada a este sector informal.

Tambièn se ha previsto el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Agua, que forma parte del Ministerio de Agricultura, asì como dar mayor poder a la defensa jurídica del Estado para la protección del patrimonio natural.

Sobre le crimen organizado:
Por el lado policial se publicará una norma para reformar el Código Penal, específicamente, en lo referente a delitos ambientales y de trata de personas. Se modificará la ley de pérdida de dominio —que permitirá la incautación de los bienes generados por la minería ilegal—, así como una nueva ley de lavado de activos.La Policía tendrá una dirección general que se encargará de la lucha contra el crimen organizado.

jueves, 2 de febrero de 2012

Proyecto Amigo en la coordinación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza


El martes 31 de enero se llevo a cabo la elección del Nuevo Comité de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de la Provincia de Sánchez Carrión,  cuya coordinación está  a cargo del Proyecto Amigo, con su representante Nury García Córdova. Entre los miembros de los ejes de trabajo están el Frente de Defensa, las rondas campesinas, alcaldes vecinales, entre otros.

La concertación es dialogar, coordinar y ponerse de acuerdo mediante el consenso, sobre la forma más transparente, justa y eficiente de luchar contra la pobreza. La MCLCP busca contribuir a mejorar los niveles de desarrollo humano, a consolidar la práctica de la democracia participativa, a un mejor planeamiento y gestión del desarrollo y a una efectiva descentralización del país. El eje de su trabajo es lograr una vida digna para todos los peruanos y peruanas, en una perspectiva de desarrollo humano integral.


Objetivos:
1.-Concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género.
2.- Lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza.
3.- Institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado.
4.- Lograr la transparencia e integridad en los programas de lucha contra la pobreza.


Funciones:


1. Promover un diálogo nacional para alcanzar la articulación coherente de los esfuerzos del Estado, sociedad civil y el sector privado destinados a la lucha contra la pobreza.
2. Establecer los mecanismos de coordinación entre los sectores del Gobierno y de éstos con la sociedad civil, para lograr la transparencia, eficiencia y sistemas de información veraz y oportuna sobre la inversión social pública, en el marco de los objetivos sociales establecidos.
3. Servir de espacio de coordinación para evitar la superposición de programas de ayuda social, para alcanzar una racional y oportuna utilización de los recursos comprometidos, y definir prioridades geográficas o temáticas para la asignación de los recursos.
4. Servir de instancia de consulta para la formulación de planes nacionales, departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y promoción social, así como en la definición de las prioridades presupuestales.

Los valores que la orientan son:

-La dignidad humana y la justicia como valores supremos
-El respeto de los derechos humanos
-La no violencia como norma orientadora de la acción
- La democracia y la participación
- La solidaridad
- La equidad y la inclusión
- El diálogo y la concertación
- El pluralismo
- La neutralidad
- La transparencia

miércoles, 1 de febrero de 2012

Presidente de la Región La Libertad se compromete a instalar una mesa de trabajo para resolver la problemática de la minería informal en el cerro el Toro

El día 27 de Enero, en Huamachuco, como resultado del encuentro “Construyendo consensos para el ordenamiento de la minería informal en  Sánchez Carrión: el caso del Cerro el Toro”, organizado por el FEDIP-SC, las rondas campesinas, rondas urbanas y el  Proyecto Amigo,   la asamblea de participantes representantes de la sociedad civil, municipalidad provincial de Sánchez Carrión, municipalidad de Sarín, sectores estatales, entre otros,   conformaron la Comisión Impulsora de la Mesa de Trabajo Multisectorial para el ordenamiento de la minería informal en la provincia de Sánchez Carrión.  Comisión  conformada por Antonio Campos-Teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de  Sánchez Carrión, Nury García Córdova- Proyecto Amigo y actual coordinadora de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza, Carlos Sandoval- Concejero regional LL, Juan  Tam- Agencia agraria, Guillermo Rebaza- Unidad Ejecutora 007, Any  Casanova-FEDIP-SC, y Jorge Vargas,  de la Gerencia de medio ambiente de la Municipalidad Provincial.


Ing.Murjia indica al  gerente de energía y minas de la región LL que integre sus acciones entorno a la mesa multisectorial que deberá crearse a la brevedad posible


Cumpliendo con una de sus primeras tareas, parte de la comisión se reunió, el día de ayer en Trujillo, con  El Ing.  José Murjia Zannier, para presentarle un memorial, logrando establecer los siguientes acuerdos:

1.-La instalación, en Huamachuco,  de la  Mesa de Trabajo Multisectorial para el ordenamiento de la minería informal en la provincia de Sánchez Carrión, que será un espacio de diálogo y acuerdos entre mineros artesanales informales, gobierno regional y local, sociedad civil, y el presente grupo impulsor,  teniendo en cuenta  el acuerdo regional N. 077-2011-GR-LL/GR y su respectiva ampliación.

2.-Considerando que en el evento del 27 de Enero la OEFA (organismo de evaluación y fiscalización ambiental) y Ministerio de energía y minas-APOGORE (programa de apoyo a los gobiernos regionales sobre minería artesanal), ambas organizaciones manifestaron la intención de abrir oficinas descentralizadas en la capital de la Libertad, formalizar el pedido precisando la necesidad de que la oficina de APOGORE se instale en Huamachuco para que la mesa cuente con la asesoría técnica necesaria.

3.-Contar con la presencia del presidente regional en todo el curso del proceso así como seguir de cerca la labor que las gerencias deberán  asumir  de manera multisectorial y siempre con la participación de la población. En este sentido agradecemos que el  Ing. Murjia haya llamado al   Sr. Geanmarco Quezada, Gerente de energía y minas del gobierno regional, para pedirle de paralizar reuniones y  planes de trato bilateral con los titulares de las concesiones o con representantes de algunos mineros informales, para evitar suspicacias y  contribuir con crear las condiciones necesarias para el necesario diálogo.

La comisión se  compromete a dar todo el apoyo necesario para que en dicha mesa se hagan viables los procesos de consensos y logros de resultados orientados hacia el bien común y el buen vivir, desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos.